Hoy las comisiones séptimas de Senado y Cámara sesionarán a las 11 de la mañana para anunciar dos proyectos, uno de los cuales es el de reforma a la salud, sin que todavía se sepa cuándo empezará a debatirse (extraoficialmente se ha dicho que podría ser el viernes) a pesar de la premura del tiempo, pues las sesiones ordinarias del Congreso entran en receso el 16 de diciembre (miércoles de la próxima semana).
Precisamente este fin de semana el exvicepresidente Germán Vargas Lleras dijo en su columna del diario El Tiempo que “mucho me temo que, faltando apenas dos semanas para el fin de las sesiones, no se conseguirá que al menos haga trámite. Qué falta de compromiso del Gobierno, del propio ministro, en buena parte inspirador de esta reforma, y de los presidentes de las comisiones séptimas; y, por supuesto, de los ponentes”.
Según fuentes del Capitolio está prácticamente descartado que se citen sesiones extras en diciembre, aunque existe la posibilidad que se anticipe el fin del receso, llamando a extraordinarias en febrero.
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Debate
El principal impulsor de la iniciativa, el senador Fabián Castillo, de Cambio Radical, informó ayer que radicó la ponencia para primer y tercer debates conjuntos, pues tiene mensaje de urgencia desde septiembre.
Días antes había declarado que “realizamos un trabajo articulado y juicioso con todos los actores del Sistema, escuchamos varias veces, sus sugerencias y opiniones, y hoy puedo decir que tenemos un texto del proyecto más sólido e integral, con ajustes a esos aspectos que preocupan en la salud. El talento humano, la calidad del servicio, los prestadores, recursos, etc. Una iniciativa con beneficios para población y el sistema”; agregó que “muchos, dentro y fuera del Congreso, son contradictores del proyecto de ley. Algunas opiniones no se ajustan a la realidad del país y a la pospandemia”.
Efectivamente, hay una solicitud de archivo del proyecto, firmada por congresistas de varios partidos y varias comisiones, pero para efectos de la próxima votación vale la pena señalar que nueve hacen parte de las séptimas. Son los senadores Manuel Biterbo (AICO), José Aulo Polo (Alianza Verde), Jesús Alberto Castilla (Polo Democrático) y Victoria Sandino Simanca (Farc), y los representantes Omar de Jesús Restrepo (Farc), Jairo Reinaldo Cala (Farc), Fabián Díaz (Alianza Verde), Jorge Gómez (Dignidad) y Mauricio Toro (Alianza Verde).
De los 30 integrantes de ambas comisiones (12 senadores y 18 representantes) habría entonces nueve votos seguros contra la aprobación de la reforma, mientras los seguros a su favor serían 12, los senadores Honorio Henríquez (Centro Democrático), Gabriel Velasco (Centro Democrático), Aydee Lizarazo (MIRA), Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), Fabián Castillo (Cambio Radical) y Nadia Blel (Partido Conservador), y los representantes Carlos Eduardo Acosta (Colombia Justa Libres), Jennifer Arias (Centro Democrático), Jairo Cristancho (Centro Democrático), Jairo Humberto Cristo (Cambio Radical), Ángela Sánchez (Cambio Radical) y María Cristina Soto (Partido Conservador).
La definición sobre el hundimiento o la continuidad del proyecto la tendrán los congresistas de los partidos Liberal y Social de Unidad Nacional (La U), bancadas en las que hay opiniones divididas sobre la iniciativa. Esos ocho votos son de los senadores Laura Fortich (Partido Liberal) y José Ritter López (La U), y los representantes Henry Correal (Partido Liberal), José Luis Correa (Partido Liberal), Juan Diego Echavarría (Partido Liberal), Norma Hurtado (La U), Faber Alberto Muñoz (La U) y Juan Carlos Reinales (Partido Liberal).
Otro voto pendiente es el del representante Jhon Arley Murillo (Colombia Renaciente) quien estaría más inclinado al no que al sí.
Reforma
El proyecto número 425 de 2020 Cámara – 10 de 2020 Senado, “por medio del cual se dictan disposiciones orientadas a garantizar el derecho fundamental a la salud dentro del Sistema General de Seguridad Social de conformidad con la Ley 1751 de 2015 y la sostenibilidad del sistema de salud”, fue radicado el 20 de julio por las bancadas de Cambio Radical, Centro Democrático y Partido Conservador, junto a congresistas de otros partidos.
Un aspecto clave del proyecto es la depuración de las organizaciones encargadas de afiliar a los usuarios de los servicios de atención sanitaria.
Hasta ahora se les denomina Entidades Promotoras de Salud (EPS) y se encargan de hacer la afiliación, el registro de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (Sgsss) y el recaudo de los aportes que trabajadores y empleadores deben hacer por ley para acceder al servicio.
El proyecto contempla una depuración de las EPS, sacando a las que no presentan un buen servicio, mientras que las que han tenido buenos indicadores se transformarán en Aseguradoras de Salud.
Para el senador Castillo la depuración de las EPS es necesaria tras los problemas estructurales puestos en evidencia por la crisis global generada por el Covid-19, “por lo que es prioritario revisar el funcionamiento del Sistema de Salud, los actores que lo conforman, los roles, competencias y responsabilidades de estos. Es necesario subsanar las falencias estructurales y cerrar las brechas en la garantía del derecho a la salud que han afectado a los colombianos”.
Sin embargo, en carta dirigida a comienzos de septiembre al senador Castillo con copia a los ponentes en Senado, el presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), al comentar el propósito de transformar “conceptual y nominal de las actuales EPS en auténticas Aseguradoras en Salud”, consideró que “los elementos característicos del aseguramiento se sujetan a una regulación que termina, vista integralmente, debilitando, y no fortaleciendo, el concepto de aseguramiento social en salud”, desvirtuándolo en la práctica.
Más peros
En la petición de archivo, los congresistas de las bancadas de oposición consideraron que “este proyecto poco aporta a las actuales circunstancias del país, no responde ni es pertinente en medio de una pandemia, repite e inclusive empobrece leyes ya existentes, abre puertas peligrosas para la privatización de los recursos, lanza un salvamento a las EPS, pone en peligro la red pública hospitalaria, es abiertamente inconstitucional y carece de la profundidad necesaria que requiere una reforma al sistema”.
“Es necesario hacer una gran convocatoria nacional para construir una reforma estructural al actual sistema de salud que realmente ordene las prioridades y garantice el goce efectivo a este derecho”, anotaron.
Ya en septiembre, argumentando que en lugar de desarrollar la Ley Estatutaria 1751 de 2015 que declara la salud como un derecho fundamental propone todo lo contrario, más de 135 organizaciones médicas, sindicales y gremiales relacionadas con el sector salud le habían pedido al Congreso archivar o retirar la reforma.
Carolina Corcho, vicepresidente de la Federación Médica Colombiana, explicó que en opinión de los integrantes de las organizaciones firmantes señaló que el proyecto, en vez de eliminar las EPS les cambia el nombre, reduciendo su número 48 a una decena, sin cambiar el sistema de atención de salud que considera fallido en Colombia.
En la carta enviada al Congreso, las organizaciones consideraron que el proyecto “continúa con la desigualdad derivada de la capacidad de pago y aumenta el gasto de bolsillo de los colombianos más pobres con la llamada ‘contribución solidaria’, mientras disminuye los aportes de los empleadores y protege los cuantiosos recursos públicos de la salud que se quedan en diversos intermediarios del negocio”.