LA PROCURADURÍA General de la Nación requirió ayer al ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, respuestas acerca del proyecto de acto administrativo para la conformación, operación, recursos, monitoreo y seguimiento de los equipos básicos de salud, financiados con la Unidad de Pago por Capacitación (UPC).

La entidad advierte que “según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los recursos de la UPC tienen una destinación específica y estos no podrán ser utilizados para fines distintos a los previstos en la Constitución y en la Ley, puesto que estos argumentos no se pueden tener como fin para ser un proyecto específico de regulación”.

De esta manera, el ente de control reitera que el Ministerio de Salud y Protección Social no tiene la competencia para determinar una cifra porcentual de referencia en la resolución y tampoco cambiar el uso de estos recursos, según lo que está establecido en la ley; por lo que, podría representar una violación al derecho fundamental de la salud y un mayor detrimento en la prestación de los servicios.

Haga clic aquí para seguirnos en WhatsApp

El Ministerio Público considera que la resolución 2364 de 2023 expedida por el Ministerio de Salud, que fijó el incremento de la UPC de los regímenes contributivo y subsidiado para la vigencia 2024, se expidió sin que el documento surtiera los principios fundamentales que garantizaran el debido proceso de publicidad.

Asimismo, la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social encontró que no se dio la participación a todas las EPS como actores fundamentales del sistema para dialogar con los funcionarios que hacen parte del equipo técnico del Ministerio, sobre la suficiencia de la UPC; también, se desconocen los fundamentos jurídicos, técnicos y financieros para definir la destinación de estos recursos.

Finalmente, el organismo de control ofició para que se abstengan de expedir la citada resolución y a su vez, no continuar con el proceso de expedición de este acto administrativo.

Frente a esta solicitud del Ministerio Público, el presidente Gustavo Petro respondió que “la Procuraduría trata de impedir que enviemos médicos a los hogares de toda Colombia. Así quieren impedir que se prevenga la enfermedad. Quieren detener el mandato popular de las urnas. Implementar el sistema de prevención en salud es la orden de la ley estatutaria de salud”.

Se había denunciado en el Congreso

En un debate de control político a finales de febrero pasado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, la congresista Catherine Juvinao, del Partido Verde, alertó por una serie de hallazgos en el manejo de los recursos destinados al sistema de salud.

Juvinao sostuvo en esa oportunidad que el Ministerio de Salud no atendió las recomendaciones técnicas del entonces director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, en relación con el ajuste de la UPC para el presente año, quien además se habría opuesto a que se descontara de la misma el 5% para equipos extramurales.

“González no solo se opuso al ajuste de UPC propuesto por el Ministerio, sino también a la deducción del 5% de la UPC bajo el concepto de equipos extramurales, por no tener un soporte ni justificación técnica. González señala que la conjunción de estas dos decisiones anti técnicas podría ocasionar una falla sistémica en el sector de la salud para el año 2024 (...), sería la prueba de que el gobierno está fabricando una crisis explícita inducida”, señaló Juvinao en un comunicado.

Agregó la parlamentaria que “nadie está cuestionando al gobierno por hacer inversiones en equipos extramurales en los territorios, pero es sumamente delicado que esos dineros (4 billones) se extraigan de la UPC, que hoy por hoy cubre las atenciones en salud del sistema”.

La UPC son los recursos que entrega anualmente el estado a las EPS por cada uno de sus afiliados para que de ahí cubran los costos de los servicios, tecnologías y medicamentos en la atención.

Las EPS señalaron que el ajuste de la UPC el presente año no es suficiente frente al costo de los servicios, si bien se han hecho mesas técnicas con el Ministerio en las que han expuesto sus argumentos, no se ha llegado a un acuerdo para un eventual incremento.